Sociedad

El juez habló, se lavó las manos y alargó la espera…

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron presentados ante el juez, quien opinó de asuntos no relacionados directamente con el caso, pero que podrían cambiar drásticamente el rumbo del mismo e, incluso, repercutir en las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Venezuela.

El juez dijo:

  • No estoy de acuerdo con desestimar el caso, “porque sería tomar una medida demasiado seria”.
  • No veo cómo Nicolás Maduro y su esposa, que hoy se encuentran bajo custodia, puedan representar una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
  • Próximamente decidiré en firme sobre estos asuntos (sin precisar fecha).
El juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, judio, ha conducido litigios masivos por daños tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y procesos contra altos ejecutivos financieros, así como otros relacionados con exfuncionarios venezolanos, entre ellos Hugo «El Pollo» Carvajal.

La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), que en un principio autorizó el pago de los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte del Gobierno venezolano, revocó esta posibilidad. Ante ello, la defensa solicitó al juez desestimar el caso debido a la imposibilidad de la pareja de costear su defensa.

La fiscalía (parte acusadora) indica que, por razones de seguridad nacional, el juez no debe permitir que el Estado venezolano financie el bufete de abogados de la defensa.

En este escenario se convoca la audiencia donde, además de las frases citadas anteriormente, el juez afirmó que “las cosas han cambiado en Venezuela” y que EE. UU. ya “hace negocios” con el país caribeño.

Qué elementos considerará el juez:

  • Para Venezuela, Nicolás Maduro es su presidente legítimo, por lo que las leyes autorizan al Estado para costear sus gastos legales.
  • Para los EE. UU., Nicolás Maduro no es reconocido como presidente legítimo.
  • Según las leyes norteamericanas, una persona (o un país) sancionada no puede sufragar los abogados de otra persona sancionada.
  • La sexta enmienda de la Constitución de los EE. UU. garantiza el derecho de los acusados de escoger su defensa.
  • Que el Estado norteamericano asigne defensores públicos para Nicolás Maduro implica destinar fondos que pudieran ser utilizados por ciudadanos de ese país que verdaderamente no puedan defenderse por sus propios medios.
  • En varias oportunidades el juez consultó a los fiscales sobre la posibilidad de que los acusados tuvieran otra fuente de financiamiento para sus abogados distinta al Gobierno venezolano y estos no presentaron pruebas de recursos para este fin.

Implicaciones:

Si el juez considera que Nicolás Maduro y Cilia Flores no representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, debilita el entramado que sostiene las sanciones económicas y políticas sobre el país, abriendo una puerta para su levantamiento definitivo.

Si el juez considera que el gobierno venezolano puede pagar los gastos legales de Maduro y su esposa, entonces: ¿lo reconoce como presidente legítimo?

Si el juez considera que, a pesar de que los acusados no representan una amenaza para la seguridad nacional de los EE. UU., el Estado venezolano no debe asumir el pago de sus abogados, se abre una nueva vía de defensa, sustentada en la Sexta Enmienda y en la violación de derechos fundamentales de los acusados, lo que presagia un juicio largo, costoso y de resolución imposible de vislumbrar.

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